El gobernador Arnold Schwarzenegger planea conmutar la pena de 19 mil presos indocumentados, 13 mil de ellos mexicanos, a cambio de la deportación, a fin de ahorrarse 182.3 millones de dólares en medio de una crisis fiscal sin precedentes.
Aun cuando el Departamento de Cárceles no tiene un plan específico a seguir para la deportación, en México los alcaldes de municipios fronterizos  solicitaron apoyo al gobierno federal para evitar que miles de presos indocumentados que el gobierno de California pretende deportar lleguen directamente a sus territorios como regularmente sucede.
    El anuncio hecho por el gobernador de California  representa un grave peligro para la sociedad,  hecho que tenemos que evitará, advirtió ayer el alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, José Reyes Ferriz.
 Para ello,  hizo un llamado a sus colegas de 38 municipios de la frontera norte, a fin de  hacer un frente común en contra de la medida, al tiempo que solicitó a la dirección de Asuntos Migratorios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su apoyo jurídico y logístico.
    La propuesta presupuestaria de mayo del gobernador Schwarzenegger indica que histéricamente el gobierno federal ha financiado de manera insuficiente el encarcelamiento de los presos indocumentados.
La nueva administración federal propone eliminar a cero el financiamiento este año, lo que complicaría las cosas para California.
    De acuerdo con Seth Unger, portavoz del Departamento de Cárceles, el estado de California pagó en promedio, en el ciclo fiscal 2008-2009, 970 millones de dólares por los 19 millones de presos indocumentados en las prisiones estatales. De esa suma, sólo recibió 110 millones de dólares del gobierno federal. Es decir, 11 centavos por cada dólar.
    A la luz de estos factores, y dadas las crecientes y continuas dificultades fiscales que enfrenta el estado, es cada vez un mayor desafío para California  mantener a los presos en las prisiones estatales, incluyendo los 19 mil inmigrantes indocumentados, dijo el gobernador durante la presentación de su propuesta fiscal de mayo.
    A menos de que el gobierno federal reembolse al estado, los costos del encarcelamiento de los inmigrantes indocumentados, a través del programa de Asistencia del Gobierno Federal para los Extranjeros Criminales (SCAAP), el estado comenzará¡ a conmutar las sentencias a cambio de la inmediata deportación por parte de la Oficina de Control de inmigración y Aduanas  (ICE), advirtió el gobernador.
Según Unger, el gobierno federal debe pagar por los reclusos indocumentados porque ellos fallaron para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Alberto Torrico, líder de la mayoría demócrata en la Asamblea, legislador de Fremont, criticó el plan del gobernador al decir  que es imposible, ya que el gobierno federal no tiene capacidad para albergar a los reos indocumentados.
    En realidad quiere soltar 36 mil presos, 19 mil de ellos indocumentados, pero el resto son personas que han cometido crímenes, y  sin recursos para las policías, tendríamos de inmediato una ola de delitos, destacó.
Torrico recordó que el nivel de reincidencia en California es de 70% en tres años, lo que quiere decir que ese porcentaje de  los reos liberados regresan en tres años a las prisiones.
    Así que tenemos que buscar soluciones en lugar de crear problemas como el gobernador lo está  haciendo, aseveró.
Después de los mexicanos, el grupo más grande de presos indocumentados está constituido por mil salvadoreños, 536 vietnamitas, 500 guatemaltecos, 270 cubanos, 300 hondureños, 200 de Tailandia, 200 de Laos, 200 filipinos y 101 de Cambodia, entre otros.
Lori K. Haley, portavoz del Departamento de Seguridad Interna y de la Oficina de Control de Migración y Aduanas (ICE), dijo que sería inapropiado especular acerca de las acciones futuras del gobernador.
     “ICE maneja un sistema nacional de detención con camas y continuará trabajando con el Departamento de Cárceles de California para tomar la custodia de extranjeros criminales”, enfatizó.
En México, los gobernadores fronterizos se han adelantado a los hechos y tienen ya propuestas específicas para la deportación de presos de California.
    La deportación de miles de mexicanos que cometieron un delito en el estado de California, podría realizarse vía la Ciudad de México para que de ahí sean enviados a sus lugares de origen, solicitó Reyes Ferriz a la Cancillería.
    Este esquema sería un súmil del Programa de Repatriación Voluntaria que opera entre Estados Unidos y México a partir de 2004, de acuerdo con el Memorándum de Entendimiento sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de Nacionales Mexicanos
    Desde esa fecha y hasta finales de 2008 fueron  beneficiados 82,339 mexicanos que, independientemente de si su retorno al país era de manera voluntaria o como resultado de la intervención directa de una autoridad estadounidense, regresaron a México en vuelos directos hacia las ciudades más próximas a su terruño.
    Al cierre de esta edición, la Cancillería no respondió a este diario los cuestionamientos sobre la viabilidad de esta propuesta de los alcaldes.
    Desde hace algunos años, los presidentes municipales de la Asociación de Ciudades Fronterizas se han quejado del abandono de las autoridades centrales para tratar la situación de los repatriados que llegan a sus ciudades.
    Argumentan no contar con la infraestructura ni el dinero para atender a los deportados comunes y mucho menos a los ex convictos que requieren terapias de readaptación social y llegan a México sin ninguna información sobre su historial delictivo.
    Los vemos rondando en las calles, intuimos que tal vez estuvieron presos por su actitud, pero no sabemos nada más; a las autoridades locales no nos informan nada sobre esas personas, señaló Rafael Pacheco, alcalde de Nogales, Sonora.
Con información de Gardenia Mendoza Aguilar, corresponsal de La Opinión en México
    El anuncio hecho por el gobernador de California  representa un grave peligro para la sociedad,  hecho que tenemos que evitar.