Familias de estatus migratorio mixto no recibirán ayuda federal

Como parte de la respuesta a la pandemia de Covid-19, el Congreso de Estados Unidos aprobó en marzo la Ley CARES que dará ayuda federal.

Esta ley da pagos únicos de mil 200 dólares a personas que ganan menos de 75 mil dólares al año y que presentaron impuestos con un Número de Seguro Social.

La mayoría de los migrantes sin documentos, excepto aquellos con autorización de trabajo DACA y TPS, están excluidos de esta ayuda económica.

Incluso aquellos que presentan impuestos utilizando un Número de Identificación Fiscal Individual emitido por el IRS (ITIN).

Debido a la Ley CARES, aquellas familias donde al menos un integrante presente impuestos con ITIN, se quedarán sin la ayuda

La mayoría de estas familias, que no recibirán los cheques de ayuda económica federal, se encuentran en California, Texas, Nueva York, Illinois y Florida.

El Instituto de Políticas Migratorias (MPI) estima que hay 15.4 millones de individuos en familias de estatus mixto que están excluidos de los pagos de la Ley CARES.

El mismo MPI detalló que los migrantes ilegales son uno de los grupos más afectados por la pandemia en Estados Unidos y que no recibirán ayuda federal.

Pues seis millones de migrantes trabajan en la primera línea, es decir en atención médica, producción de alimentos y transporte.

Mientras que otros 6 millones trabajan en industrias de servicios de alimentos y domésticos, que han sido devastados económicamente.

La pérdida de empleos en estas industrias no solo afecta a estas personas y sus familias en EEUU, sino también a sus comunidades de origen, que han llegado a depender de las remesas.

Trump planea ampliar su orden ejecutiva para vetar a decenas de miles de inmigrantes más

El Gobierno que preside Donald Trump se prepara para extender en el tiempo y ampliar el alcance de las medidas tomadas durante la pandemia de coronavirus para evitar la llegada de inmigrantes al país, tanto como trabajadores o familiares de residentes permanentes y ciudadanos, como solicitantes de asilo en la frontera, según informa el diario The Wall Street Journal citando varias fuentes con conocimiento de estos planes.

La Administración asume que, preocupados todos por las decenas de miles de muertes ocasionadas por la pandemia, y por los millones de trabajos perdidos debido a las medidas para contenerla, la ciudadanía aceptará con menos reticencias estas nuevas restricciones

Así, la Casa Blanca está bosquejando ya una orden ejecutiva, según el citado diario, que podría firmar el presidente este mismo mes y que ampliaría las restricciones incluidas en la anterior.

La orden ejecutiva firmada el 23 de abril cancelaba la emisión de visados y green cards a personas que estuvieran fuera de Estados Unidos (según el Instituto de Políticas Migratorias, afecta a 26,000 permisos de residencia al mes) durante un periodo de 60 días.

Quedaban exentos de esta prohibición los cónyuges e hijos menores de edad que residentes y ciudadanos quisieran esponsorizar; y los trabajadores temporales del sector sanitario.

A esa prohibición se sumó que las oficinas consulares y embajadas en el extranjero no están emitiendo visados de entrada al país, y tanto la frontera con México como la canadiense están cerradas, de forma que todos lo que llegan allí a solicitar asilo, aunque tengan motivos para ello, son devueltos sin atender a razones.

La nueva orden ejecutiva ampliaría estas restricciones a nuevas categorías, entre ellas los visados temporales H-1B para trabajadores de alta cualificación,  los visados temporales H-2B para trabajadores de temporada no agrícolas (mucamas, cocineros, etcétera), y los visados para estudiantes (que pueden realizar prácticas en el país durante un año después de graduarse), según ha informado el diario.

El alcance definitivo aún no está definido, y podría variar entre la suspensión de estos visados y la puesta en marcha de incentivos para que las empresas contraten a estadounidenses antes que a extranjeros, según el diario.

Estas medidas se están tomando al margen del Congreso, que es quien tiene legalmente la potestad para definir el sistema migratorio del país, y a expensas de la decisión final de la justicia al respecto, pues han sido contestadas ya por activistas en los tribunales.

Hasta ahora, el objetivo ha sido lo que el presidente considera “inmigración en cadena”, es decir, el derecho legal de residentes permanentes y ciudadanos a esponsorizar a familiares para que vengan al país.

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