LA NUEVA ADMINISTRACIÓN EN LA CASA BLANCA PODRÍA ELIMINAR PERMANENTEMENTE LA REGLA DE “CARGA PÚBLICA”, ALIVIANDO LA ANSIEDAD DE LOS INMIGRANTES

El nuevo gobierno de Biden-Harris tiene la oportunidad de revocar inmediatamente la aplicación de la norma sobre “carga pública”, lo que aliviará la ansiedad de millones de inmigrantes que se han tenido que negar a sí mismos los beneficios federales en los últimos tres años por temor a perder la posibilidad de mejorar su condición como inmigrantes.

"La carga pública será un tema de primera línea para la nueva administración del gobierno de EE.UU., porque está muy ligada a la actual crisis de salud pública y conectada a la pandemia", dijo Daniel Sharp, jefe de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado de Los Angeles. "Esperamos que la nueva administración le dé prioridad a ese tema", dijo en una entrevista con EMS, señalando que el presidente electo Joe Biden se había comprometido a poner fin a esa regla durante su campaña electoral.

Si los demócratas recuperan el Senado con la segunda vuelta de las elecciones en Georgia el 5 de enero, el Congreso entrante tiene la oportunidad de eliminar permanentemente el tema de la “carga pública” del código de inmigración, dijo Sharp. Señaló que si no se elimina de manera permanente, una futura administración del gobierno de EE.UU. podría volver a aplicar la norma, que ha tenido un impacto terrible en los inmigrantes, incluso antes de que fuera formalmente puesta en marcha por la administración de Trump, que va de salida.

"Se va a necesitar un esfuerzo de varios años para deshacer el daño que este cambio de reglas ha causado", dijo.

La regla sobre “carga pública”, que se introdujo con la Ley de Inmigración de 1882, es una prueba de medios económicos utilizada para determinar la inelegibilidad para obtener el estatus de inmigración o residencia. La regla, que se utiliza rara vez, puede ser utilizada por los consulados en el extranjero para determinar si un solicitante podría llegar a depender completamente de los servicios públicos; y por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Service, o USCIS, por sus siglas en inglés) para denegar la tarjeta de residencia a quienes no puedan pasar lo que en realidad es demostrar que tienen dinero. Otros factores, como la edad, la capacidad de hablar inglés y la capacidad de obtener ingresos en el futuro, se utilizan como determinantes para conceder o no un visado o una tarjeta de residencia.

USCIS puede negar la tarjeta de residencia a los inmigrantes que hayan utilizado alguna vez el Seguro de Ingreso Suplementario; la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas; los beneficios en efectivo de asistencia general (welfare); el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (antes llamado “cupones de alimentos” o foodstamps); la Sección 8 de Asistencia para Vivienda o Alquiler; o Medicaid financiado por el gobierno federal.

La carga pública no se invoca durante el proceso de naturalización.

Los críticos de la regla la han llamado "una cruel prueba de riqueza", utilizada para mantener a los inmigrantes pobres fuera de los EE.UU. A principios del siglo XX, la regla se invocó con frecuencia para impedir que los inmigrantes de países en vías de desarrollo obtuvieran la residencia permanente en los EE.UU. En años más recientes, la regla se ha invocado con menos frecuencia: antes de 2019, menos del 1% de todos los casos de inmigración se negaron con base en la regla de “carga pública”.

Actualmente, más de 10.3 millones de inmigrantes usan algún tipo de beneficios federales.

Manjusha Kulkarni, directora ejecutiva del Consejo de Política y Planificación de Asia y el Pacífico, señaló que cuando el presidente Donald Trump insinuó en 2017 que iba a aplicar esta poco utilizada norma, "la noticia se extendió como un reguero de pólvora en la comunidad inmigrante".

Incluso antes de que la regla se finalizara en agosto de 2019, los inmigrantes comenzaron a negarse a sí mismos los beneficios federales, incluyendo los programas de almuerzos escolares y el Programa de Seguro Médico para Niños, que no se consideran en las determinaciones de carga pública; sin embargo, los inmigrantes retiraron a sus hijos de los servicios que les daban beneficios, por temor a un posible impacto en su condición de inmigrantes.

Kulkarni se refirió a los datos obtenidos de Asuntos de Salud que informaron que 260,000 niños inmigrantes habían sido desafiliados por sus familias de modo que no pudieron recibir Medicaid desde 2018 y 70,000 niños ya no estaban inscritos en el SNAP.

En un artículo publicado por el Jornal de Pediatría (Journal of Pediatrics) en diciembre se señalaban las graves repercusiones de la norma de la carga pública en los niños. "Al vincular el uso de programas vitales de salud pública con la inmigración y el estatus de residencia, la Administración del Gobierno de EE.UU. está forzando a elegir entre buscar servicios que son necesarios o asegurar el estatus migratorio en los Estados Unidos", dijeron las autoras del estudio: Nina Patel, Swapna Reddy y Natalia Wilson de la Universidad Estatal de Arizona. Describieron la regla como algo que tiene un gran impacto en los niños más vulnerables de la nación.

"El actual sentimiento anti-inmigrante, la retórica y los cambios de política, como la regla de “carga pública”, han dado lugar a una cultura de miedo, desinformación, desconfianza y aislamiento, todo lo cual tiene implicaciones para la salud", señalaron Patel, Reddy y Wilson.

A pesar de que en la actualidad esta regla tiene un futuro incierto, Kulkarni alentó a los inmigrantes a aprovechar los beneficios federales, especialmente durante la pandemia. "Es muy importante para todos nosotros mantenernos tan seguros y saludables como sea posible en este momento, cuando estamos viviendo la mayor crisis de salud pública de nuestra vida".

"La gente no debería dejar de tener acceso a alimentos, a las pruebas de COVID y al cuidado de salud, así como a los beneficios de vivienda", dijo, señalando que es probable que la Administración del Gobierno de Biden dé un "giro de 180 grados" para eliminar la norma.

Sharp señaló que los inmigrantes en California también comenzaron a desafiliarse de Medical, un programa financiado por el estado, por temor a perder su estatus migratorio. "La gente ha estado confundida", dijo, añadiendo también que los estudiantes abandonaron sus solicitudes para los programas de becas federales, que no se consideran en las determinaciones de carga pública. También se retiró a niños que son ciudadanos estadounidenses, pero que viven en familias de estatus mixto con madres, padres o hermanos indocumentados.

Al inicio de la pandemia, la oficina de Sharp comenzó a recibir un número récord de llamadas de inmigrantes preocupados por saber si podrían tener acceso a los beneficios. "Las personas que más han sido afectadas por la pandemia no estaban solicitando beneficios públicos", dijo.

Sharp lo caracterizó como un "doble golpe". Las personas indocumentadas, a pesar de tener un empleo remunerado con deducciones de sus cheques de pago, no tenían derecho a los beneficios del seguro de desempleo, y no estaban accediendo a los beneficios que tenían derecho a recibir, dijo.

La regla de “carga pública” está escrita para no ser aplicada durante una crisis nacional, pero los inmigrantes tienen muy poca comprensión en cuanto a los matices de la regla, dijo Sharp. Los resultados de las elecciones nacionales, que llevaron a Biden a la presidencia, ofrecieron un rayo de esperanza a los inmigrantes "de que se avecinan tiempos mejores en un futuro próximo", dijo, pero añadió: "Ya hemos pasado por esta situación antes. Ha habido tantos momentos en que en ‘todo va bien’ y en que ‘todo va mal’ en este ir y venir respecto a la implementación (de la regla)."

Luego de que la regla finalmente se puso en marcha en agosto de 2019, fue inmediatamente bloqueada en varias cortes y fueros legales.

El 27 de enero, la Corte Suprema de los EE.UU. concedió a la administración la “Carga Pública: Nuevas Consideraciones Éticas para los Casos de Ajuste (de estado migratorio)” y permitió que la regla sobre “carga pública” se implementara en todo el país a partir del 24 de febrero, justo cuando la pandemia COVID comenzó a tomar fuerza en los EE.UU.

El 2 de noviembre, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito bloqueó la ley sobre “carga pública” en el caso del Condado de Cook vs. Wolf. Amy Coney Barrett, ahora Jueza de la Corte Suprema, escribió la opinión discrepante, poniéndose del lado de la teoría de la Administración Trump de que los inmigrantes deben ser capaces de probar su autosuficiencia. Ese caso será escuchado por un panel completo en el 7º Circuito. Mientras tanto, los inmigrantes en Illinois, Indiana y Wisconsin deben seguir presentando el formulario I-944, una declaración de autosuficiencia, con sus solicitudes de ajuste de estado migratorio.

El 2 de diciembre, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, en el caso de la Ciudad y Condado de San Francisco vs. USCIS, bloqueó la regla para que deje de ser implementada en 15 estados, incluyendo California.

Kulkarni dijo que es muy poco probable que la administración entrante apele el fallo del 9º Circuito. A los consulados en el extranjero se les ha bloqueado la implementación de la regla sobre “carga pública” desde julio.

Translation by Oscar Arteta

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